1. El derecho a la privacidad en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

El derecho al respeto de la vida privada y familiar, y el derecho a la protección de los datos personales, definidos también unitariamente como el derecho a la intimidad^[3] se encuentran reconocidos en Tratados y Convenios internacionales y en el marco del Derecho Europeo. En particular, el derecho al respeto de la vida privada^[4] se encuentra garantizado en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 1950 (CEDH)^[5] en el que se consagró que no puede haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, si no se cumplen una serie de condiciones^[6]. Siendo más específicos, no se permite excepción alguna, salvo que se cumplan los siguientes requisitos: 1) que se encuentre “prevista por la ley”^[7]; resulta fundamental, en este sentido, que se respete el principio de legalidad; 2) que se trate de una medida que se considere, en una sociedad democrática, necesaria para la consecución de un objetivo de interés público^[8] (principio de proporcionalidad).

El derecho a la privacidad implica también el derecho a la protección de los datos personales, legitimados ambos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000^[9]. Esta Carta, de hecho, tras reconocer el derecho al respeto de la vida privada y familiar^[10], consagra, a continuación, de manera expresa, el derecho a la protección de los datos de carácter personal^[11].

Se reconoce, por otra parte, tanto en la Carta como en el CEDH que los citados derechos pueden ser limitados por el Estado^[12]. Ahora bien, cualquier restricción debe: 1) “estar prevista por ley”; 2) causar una limitación que se considere “proporcional” y “necesaria”  para la consecución de los objetivos de “interés general reconocidos por la Unión” o para garantizar la protección de los derechos y libertades de los demás (se trata de la denominada “función social” de la excepción).

El derecho al respeto de la vida privada y familiar y el mencionado derecho a la protección de los datos personales, aunque se consagran como hemos visto en el CEDH, también se consideran principios generales del Derecho Europeo^[13]; de modo que, tal y como se garantiza por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tienen el mismo valor jurídico que los Tratados^[14]. Ello significa que en la aplicación del Derecho de la Unión también se incluye la aplicación de estos principios.

2. Normativa italiana y europea sobre el derecho a la protección de los datos de carácter personal

El derecho a la protección de datos de carácter personal se encuentra regulado en una Directiva europea específica^[15]. En ella se exige que el tratamiento (esto es, la recopilación, procesamiento, etc.)^[16] de los datos de carácter personal sea: I) realizada de manera legal^[17]; II) que se verifique posteriormente su exactitud y se actualicen dichos datos (el denominado “principio de exactitud”)^[18]; que sean adecuados en atención a los fines para los se han recabado^[19]  (el llamado principio de relevancia); IV) y que no vayan más allá de lo estrictamente necesario^[20] (el llamado “principio de proporcionalidad”). La vulneración de estos principios conlleva, tal y como dispone expresamente la legislación nacional, la imposibilidad de utilizar los datos personales procesados^[21].

En la implementación de esta Directiva, el Código de Privacidad italiano también dispone que, antes de aprobar cualquier disposición normativa que pueda interferir sobre el derecho a la protección de datos personales, el Ministerio de la materia afectada por dicha disposición debe consultar previamente a la Autoridad de Control italiana encargada de la protección de los datos de carácter personal^[22]. Como regla general, la normativa referente a la protección de los datos de carácter personal (respecto de la información “no sensible”)^[23] requiere el consentimiento previo del afectado antes de la adquisición de esta información, si bien se contemplan en la propia normativa algunas excepciones a esta exigencia y se permite, asimismo, que los Estados miembros puedan incorporar más excepciones con la finalidad de proteger un interés legítimo inherente a la recopilación de la información. En Italia, en particular, cuando se trata de una entidad pública (como puede ser la Administración tributaria) para recopilar y almacenar los datos de carácter personal, la protección establecida por la normativa consiste (normalmente) en su “revelación” a la persona afectada. Ahora bien, si se trata de información “sensible” no se permite su tratamiento sin el consentimiento previo del sujeto referido, sin perjuicio de la existencia de determinados supuestos excepcionales. A los Estados miembros se les permite, además, incorporar más excepciones, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones^[24].

De conformidad con estas limitaciones, Italia ha establecido, en particular, que una “entidad pública” sólo puede proceder al tratamiento de datos sensibles si está autorizada, y sólo en la medida en que esté autorizada, por una disposición legal que identifique la existencia de un “interés público predominante”^[25]. Ha dispuesto, también, que con respecto a la materia tributaria, dicho interés público se encuentra presente por definición^[26], con la única restricción para la Administración tributaria, conforme  a la opinión de la Autoridad de Control italiana para la protección de los datos de carácter personal, relativa a determinados datos sensibles que pueden ser procesados  (por ejemplo, datos relativos a la salud, a la orientación sexual, etc.) y cómo puede llevarse a cabo dicho tratamiento (recogida, almacenaje, procesamiento, etc.), conforme a lo dispuesto en el Código de Privacidad italiano.

3.  Inspección de la información bancaria y derecho a la privacidad

En 2013, los Tribunales italianos^[27] y la Autoridad de Control italiana para la protección de datos de carácter personal^[28] han limitado la invasión sistemática del Servicio de inspección interna de la renta en la privacidad de los contribuyentes, frenando así el avance hacia una total transparencia en las cuentas de millones de ciudadanos.

También el Tribunal Constitucional Belga se ha ocupado de este tema en dos sentencias centradas en la cuestión de la proporcionalidad de las obligaciones de colaboración y la posible interferencia en la esfera privada^[29]. El Tribunal belga se ha pronunciado acerca del acceso a los datos bancarios realizando una serie de interesantes consideraciones. En particular, ha declarado la constitucionalidad de la Ley que regula los procedimientos de investigación de la información bancaria, al considerar dichos procedimientos compatibles con el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 22 de la Constitución belga y en el artículo 8 del CEDH.

Las dos sentencias referidas del Tribunal constitucional belga relacionan el secreto bancario con una serie de cuestiones controvertidas, y, en particular, se pronuncian sobre si el secreto de la información bancaria se integra dentro del objetivo más amplio de protección de la intimidad; si, y en qué medida, podría oponerse la privacidad de los datos del sujeto afectado a los intereses financieros de un Estado; y, finalmente, si, y en qué medida, un contribuyente puede invocar su derecho a permanecer en silencio en este ámbito.

Con carácter previo a estas cuestiones se encuentra la relativa a si el contribuyente puede deducir principios que garanticen su protección, tanto de las disposiciones normativas internas, incluida la Constitución, como del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la jurisprudencia del propio Tribunal de Estrasburgo. Sobre este último aspecto, el Tribunal belga considera que las inspecciones fiscales belgas han de respetar los límites y los principios que se derivan del Convenio Europeo. La jurisprudencia del TEDH^[30] es clara en este sentido al considerar que también el poder tributario de los Estados se encuentra sometido a los límites que se derivan de los derechos fundamentales, entre los que se encuentran el derecho a la propiedad privada, que integra, a su vez, el derecho a la intimidad.

4. Conclusiones

Si comparamos la jurisprudencia aquí examinada con la experiencia italiana podemos resaltar que la legislación belga, a diferencia de la italiana^[31], permite las llamadas inspecciones bancarias únicamente si se cumplen unas condiciones específicas y detalladas; se requiere, en este sentido, la previa notificación por parte de la Administración tributaria al contribuyente afectado; y se admite que el contribuyente pueda recurrir ante el Tribunal competente. Y es precisamente en base a estas sólidas garantías que el Tribunal Constitucional belga ha considerado que la interferencia de las inspecciones acerca de la información bancaria en la vida de los contribuyentes afectados se encuentra razonablemente justificada.

El legislador italiano, por su parte, al suprimir el secreto bancario ha permitido que sea la Administración tributaria la que decida cuando comenzar este tipo de procedimientos^[32]. Es cierto, no obstante, que la propia Administración tributaria ha reconocido que las inspecciones relativas a la información bancaria sólo se permiten si existe “una fuerte evidencia de evasión fiscal”; ahora bien, esta exigencia no viene establecida por una norma legal.

En resumen, atendiendo al actual marco legislativo existe un riesgo real a que una inspección de información bancaria se lleve a cabo sin que exista una necesidad real que la justifique. En consecuencia, tenemos que concluir que la normativa italiana relativa a la investigación de información bancaria no resulta conforme con el derecho a la privacidad tal y como se reconoce en el CEDH y en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Dado que, una disposición legislativa que legitime tanto la recopilación como la utilización de determinada información, podría, en principio, resultar contraria a los derechos fundamentales, cabe plantearse ¿cómo podría evitarse este tipo de incumplimiento? ¿Mediante un uso proporcionado de la información por parte de la Administración tributaria, o mediante una norma legal que pondere adecuadamente los derechos constitucionales afectados?

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